Por esta causa está procesado también el inspector Amancio Santos Alvarez, que se encontraba de guardia ese día en la comisaría deGetafe, donde ocurrieron los hechos.

Según las acusaciones, el 1 de octubre de 1986 Rafael Torres paseaba por la plaza Tirso de Molina de la localidad madrileña cuando fue abordado por los dos agentes, que le pidieron la documentación.

Al no llevar su DNI encima, los policías decidieron registrarle, a lo que se opuso Rafael Torres, por lo que le obligaron a acompañarle a comisaría.

Una vez allí, le golpearon, causándole lesiones que le mantuvieron apartado de toda actividad durante 20 días, unque según los agentes se las ocasionó fortuitamente al resistirse cuando fue retenido.

Los policías acusaron a Rafael de insultos y resistencia a la autoridad y le interrogaron sin informarle de sus derechos y sin proporcionarle la asistencia de un abogado.

La acusación particular, que considera también responsable al inspector de guardia por conocer y permitir los hechos, pide para cada uno de los procesados 3 años de suspensión por un delito de detención ilegal, 7 años de inhabilitación especal por un delito contra los derechos cívicos y 6 meses y 1 día de arresto mayor e inhabilitación por malos tratos.

Además, solicita 3 millones de indemnización para Rafael Torres y declara responsable civil subsidiario al Estado.

El fiscal acusa únicamente a los dos policías y pide dos meses de arresto por un delito de lesiones, un año de suspensión por detención ilegal y 100.000 pesetas de indemnización.