El ultraderechista, condenado en 1980 por la muerte de Yolanda González, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, huyó de la cárcel de Zamora en febrero de 1987, aprovechando un permiso penitenciario.

Hellín se refugió en Paraguay, donde montó varios negocios relacionados con el sector informático y de las artes gráficas, hasta que en marzo del año pasado las autoridades de aquel país concedieron su extradición a España, a petición de la Audiencia Nacional.

Entre Españay Paraguay hay un tratado de extradición que impide juzgar a un extraditado por un delito que no supere los dos años de prisión.

Debido a que fugarse de la cárcel (quebrantación de condena) está penado con seis meses de arresto mayor, Emilio Hellín no puede ser condenado por escapar de la prisión.

La sentencia emitida por la Audiencia de Zamora argumenta que el extraditado una vez entregado la Justicia de su país sólo puede ser juzgado por el delito por el que es reclamado.

Poco antes de llear a España, Hellín declaró que el Gobierno paraguayo no estaba interesado en su extradición y afirmó que fueron las circunstancias políticas las que determinaron su sentencia.