Según esta organización, que ha llevado la defensa de los 238 afectados, hay cerca de 1.000 clientes más que pueden verse beneficiados por la sentencia, y se están estudiando los contratos de tres bancos que podrían ser también fraudulentos.

Los jueces reconocen por primera vez en España el derecho a ser resarcidos de las pérdidas ocasionadas por determinados contratos financieros, aun habiendo sido firmados, si en ellos ha habido una mala práctica de la entidad, cláusulas abusivas y falta de transparencia y de diligencia. Los Depósitos Estructurados fueron comercializados entre marzo de 1999 y julio del 2000, en 24 ediciones, y fueron colocados a 5.814 clientes entre esas fechas como si fueran imposiciones a plazo fijo. El producto tenía un vencimiento de 3 meses y su rentabilidad era el resultado de un interés del 5% a 3 meses (1,25% real) y de la evolución de la cotización de unas acciones tecnológicas (Deutsche Telekom, KPN, Sonera, etcétera) de alto riesgo.

De esta manera, al cliente se le ofrecía al cabo de 3 meses un 1,25% de lo que invirtiese, pero en el caso que las acciones tuviesen una bajada en su cotización superior al 20% se trasladaba esa pérdida al cliente sin que, por el contrario, las subidas en las cotizaciones se trasladase también. Es decir, solamente se trasladaba el riesgo.

Durante las 19 primeras ediciones el cliente no sufrió ningún tipo de merma. No obstante, a mediados del año 2000 muchas acciones empezaron a sufrir fuertes descensos (entre un 20% y un 35%). El resultado fue centenares de clientes afectados, con más de 6 millones de euros en pérdidas por toda la provincia de Valencia. Clientes que siempre habían depositado sus ahorros en plazos fijos, la mayoría mayores de 60 años, agricultores o de clase media y que, confiando en el director de la oficina de siempre, habían contratado un producto del cual no le habían dado copia y que aún hoy muchos no saben ni lo que contrataron, ni dónde tienen el poco dinero que les queda, asegura Adicae en una nota de prensa.