Según el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, Miguel María González Blanco, tras analizar el informe del interventor de las Cortes y los documentos solicitados por esta Fiscalía, "no se han encontrado elementos suficientes para iniciar un procedimiento legal".

González Blanco añadió que el informe del interventor ha servido a la Fiscalía para comprender la postura de la Mesa de las Cortes de retener las subvenciones el PP desde 1993 por no justificar cerca de 200 millones de pesetas.

El fiscal jefe puntualizó que "no entramos en si administrativamente o políticamente es correcto o no retener el dinero", y reiteró que, según las pruebas analizadas, no se ha producido una infracción penal.

Asimismo, González Blanco anunció que se ha remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la denuncia del presidente regional del PP, José Manuel Molina, sobre una presunta falsedad en documento público en la constitución e la extinta Sociedad de Fomento Regional, creada hace 9 años con capital exclusivo del Gobierno autonómico presidido por José Bono.

El Tribunal Supremo es ahora el competente para tramitar esta denuncia, una vez que se ha recibido la acreditación del Congreso de la condición del diputado socialista de Juan Pedro Hernández Moltó, que en el momento de la constitución de la Sociedad de Fomento Regional era el responsable de la Consejería de Economía del Gobierno castellano-manchego.

Aunque la denunia del dirigente regional del PP se dirige contra el entonces consejero de Industria, Fernando Novo, se hace extensiva a todos los miembros del Ejecutivo autonómico en aquella época, entre los que se encuentra Hernández Moltó.