Según se desprende de la sentencia del "caso saqueo I", hecha pública hoy, al frente de las operaciones delictivas que en esa época se desarrollaban en el Ayuntamiento de Marbella no estaba Roca, si no José Luis Sierra, el abogado del por entonces alcalde Jesús Gil, quien actuó en todo momento "con el conocimiento y consentimiento" del regidor fallecido.

Esta diferenciación ha sido reflejada en las penas impuestas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ya que, mientras Sierra ha sido condenado a nueve años de prisión, sobre Roca tan sólo ha recaído una pena de seis años y diez meses de cárcel, ambos por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

Según señala la sentencia, que consta de 122 folios, tras llegar Jesús Gil a la alcaldía de Marbella en el año 1991, su abogado y asesor, Sierra, concibió la idea de crear varias empresas sujetas a la lesgislación mercantil que, "bajo el aparente designio de agilizar la gestion municipal", tenían como objetivo real generar "opacidad y falta de transparencia" para poder desviar los fondos del ayuntamiento.

Las sociedades municipales creadas por Sierra "se nutrían patrimonialmente de las subvenciones y transferencias de dinero público que se les concedía desde el ayuntamiento, el destino decuyas partidas en muchas ocasiones se desconoce y en otras se emplea en abonos muy distantes de los fines públicos y de interés social a que deberían dedicarse".

CONSENTIMIENTO DE GIL

Dentro de este entramado, Sierra estaba "en un plano superior". Fue la persona que, "con la anuencia" de Gil, ideó la trama delictiva, creó las sociedades mercantiles y supervisó su actividad fraudulenta.

Por su parte, el hombre de confianza de Gil, Manuel Jorge Castel, condenado a ocho años de cárcel, era la persona que "confeccionaba y analizaba la contabilidad de las empresas municipales", además de ocuparse de hacer las declaraciones fiscales que estaban "plagadas de datos falsos" y en las que se añadían "facturas ficticias".

Castel y Sierra realizaban "la confección y modificación de la contabilidad de las sociedades municipales, con el primordial designio de procurar que pasaran desapercibidas las irregulares detracciones de fondos que se efectuaban desde las cuentas de tales sociedades de gestión, con destino bien diferente a los fines de utilidad pública y social que le eran propios".

En cambio, la sentencia sitúa a Roca en un segundo plano de la actividad delictiva. En concreto, señala que el ex asesor de urbanismo realizó "una importante aportación" en la detracción de fondos públicos desde la sociedad municipal de la que era gerente -Planeamientos 2000- "desviando dinero público a fines que se desconocen y, desde luego, alejados de cualquier idea de aplicación legítima".

Pero el tribunal también acusa a Roca de poner su capacidad empresarial a disposición de la trama delictiva a través de la aportación de cuatro empresas de su propiedad que se utilizaban para "crear la apariencia de ser entidades proveedoras de obras y servicios de las sociedades municipales, favoreciendo con ello el desvío de fondos públicos".

En resumen, el entramado societario creado servía para "la detracción del patrimonio municipal" y en la operación se utilizaban "los conocimientos jurídicos" de Sierra, "los conocimientos contables" de Castel y "la actividad empresarial" de Roca.

La sentencia señala que en el entramado delictivo "participaron otros funcionarios que no han sido enjuiciados". Tras dar a conocer la sentencia, el tribunal, presidido por la jueza Ángela Murillo, ordenó el ingresó en prisión de los tres condenados.