A juicio de este tribunal, las condenas que se imponen a los jóvenes que se niegan a realizar la 'mili' y la prestación social sustitutoria son "desproporcionadas", ya que las penas mínimas con que son castigados los insmisos son de 2 años, 4 meses y un día de cárcel.

En el auto, la sala califica las condenas impuestas a los insumisos como "una respuesta penal de extraordinaria dureza" y basa la posible inconstitucionalidad de las mismas en los artículos de la Constitución que protegen la libertad ideológica y el desarrollo de la personalidad.

Por ello, la audiencia estima que "el Tribunal Constitucional debe intervenir en el juicio de proporcionalidad de las normas cuando afectan a derechos fundamentales".

El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Heriberto Asensio manifestó que el Tribunal Constitucional debe plantearse la posible ilegalidad de esas condenas, ya que, en su opinión, "la cuestión de los insumisos está ahí y es una realidad".

Según Heriberto Asensio, "los últimos datos hablan de más de 100.000 insumisos, por lo que requiere una solución que debe darse definitivamente", y destacó que "parece que existe un sentir popular por el que se considera excesiva la pena que se etá imponiendo en estos supuestos".

Con la presentación de este auto ante el Tribunal Constitucional podrían paralizarse todos los procesos que se están instruyendo en España por insumisión hasta que sea resuelta la cuestión.