El inicio d la vista oral no ha estado exento de complicaciones, al solicitar varias de las defensas la suspensión del juicio por considerar que se estaban vulnerando varios derechos constitucionales de sus patrocinados. Principal atención mereció por parte de la sala la consideración de incompatibilidad de la Audiencia Provincial para enjuiciar el caso por tratarse de un proceso seguido por el procedimiento abreviado y entender, además, que había participado en la instrucción de la causa.

Después de un receso, l presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Santander, José Luis Gil, consideró como competente al tribunal por existir en el sumario un auto que así lo confirmaba y que no había sido recurrido por las partes. Sobre la participación de los magistrados en la instrucción, Gil destacó su intervención en la resolución de recursos, los cuales no deben considerarse como parte de la instrucción.

El primero de los encausados en declarar fue el empresario Justo de las Cuevas (ex presidente de UCD en antabria, ex diputado nacional y propietario de la empresa agrícola De las Cuevas Hermanos, CUHER), quien negó en todo momento que sus operaciones en la Caja Rural de Cantabria respondiesen a lo que en ingenieria financiera se denomina "peloteo de papel" (giro de letras bancarias que no corresponden a una operación real y que sólo buscan generar liquidez para la empresa beneficiaria).

Según el Ministerio Fiscal, el "papel pelota" dio al grupo De las Cuevas una liquidez de 575 millones de pesetas a traés de 315 letras. De éstas, se dejaron sin atender un total de 89 por un valor de 190 millones, pero la investigación posterior descubrió que las emisiones atendidas lo fueron con capital de la propia entidad.

Sin embargo, Justo de las Cuevas aseguró ante el tribunal que sus operaciones fueron "legales, porque eran una práctica bancaria habitual", y dijo que las "irregularidades" que se le imputan responden a un "montaje de desprestigio personal y político" contra él.

Según explicó, tras la interención del Banco de España, que coincidió con la decisión de la dirección de la Caja Rural de cambiar el destinatario de las letras que tenía contraídas con la entidad dirigiéndolas a él y sus familiares y no a las empresas, pretendió sanear su situación deficitaria, lo que no le fue posible debido a la denuncia presentada.

Mañana, jueves, continuarán las declaraciones de los procesados. Falsificación de documentos públicos, alzamiento de bienes, falsedad de documento mercantil y estafa son los delito por los que el fiscal solicita más de 109 años de prisión y una indemnización de casi 1.000 millones de pesetas.