El auto dictado hoy por la Audiencia criticala actuación del Juzgado de Instrucción número 3, que decidió el archivo de las diligencias argumentando que de las actuaciones practicadas no se desprendía la existencia de manipulación ilegal de las líneas telefónicas de Iruín.

El pasado mes de abril, Iruín presentó una denuncia ante el juzgado de guardia de San Sebastián por considerar que había sido objeto de una escucha telefónica ilegal, al ver que, cuando acudió a una cita que había concertado por teléfono con el secretario del sindicato de la olicía autónoma ERNE, en una cafetería de Bilbao, también se encontraban allí varios miembros de la 'Ertzaintza' que fueron reconocidos por el representante sindical y que grabaron y filmaron la reunión.

A causa de esta denuncia, el Juzgado de Instrucción abrió diligencias para después archivarlas por considerar que no tenían fundamento. Hoy la Audiencia ha vuelto a abrir estas diligencias al estimar que no debían haberse archivado.

A juicio del juez de la Audiencia Luis Blánquez es "totalmente iaceptable que el caso de una denuncia de tal entidad se sobresea con un mero oficio y una alusión, máxime cuando la parte perjudicada, en su afán de acreditar lo denunciado, propuso una serie de pruebas que inexplicablemente no fueron aceptadas".

El juez que sobreseyó el caso únicamente basó su auto de archivo en la respuesta dada por el jefe de la Unidad de Adjuntos a la Viceconsejería de Interior del Gobierno Vasco, que dijo que cualquier actuación de investigación de miembros de esta unidad en relaión con Iruín se inscribía en el marco de un sumario abierto en la Audiencia Nacional.

Posteriormente este mismo letrado calificó de "fortuita" la presencia de miembros de esta unidad en el local donde se citaron el miembro del sindicato de la ERNE y el senador de la coalición 'abertzale'.

Ante ello, Luis Blánquez destaca que la respuesta del mando de la Policía Vasca fue "insuficiente", y que, en todo caso, es el Tribunal Supremo y no la Audiencia Nacional "el órgano competente" para ordenar la ntervención del teléfono de un senador.

En relación a la respuesta dada por el Juzgado de Instrucción donostiarra, en la que se alude a "otras actuaciones investigadoras, cuyos contenidos quedan vedados al conocimiento del recurrente", Blánquez asegura que ello "supondría borrar de un plumazo todo nuestro sistema de garantías jurisdiccionales".