El tribunal ordena en el auto, hecho público a primera hora de esta tarde, la práctica de las diligencias solicitadas en su momento por las dos partes, y hace hinzapié en su parte dispositiva, en la urgencia de realizar las referidas "al estado de la vía".

La sala se refiere en no de los fundamentos jurídicos del auto a la "parquedad de las intrucción llevada a cabo por el juez a la hora de decidir el archivo de las actuaciones, ya que se limitan a las meras declaraciones de denunciante y denunciado".

En los mimos fundamentos, recuerda la "notoriedad de la peligrosidad de la vía que la ha llevado a tildarla con el conocido y trágico calificativo de 'la muerte'".

También recuerda el texto legal que existe el delito de imprudencia punible por omisión. Para los magistradosde la sala de vacaciones, "es posible que en la actuación del denunciado o de otras personas se den los elementos que integran esta figura", refiriéndose al delito por omisión.

Efectivamente, el juez de paz de Iznalloz, José L. Hernández Carrillo, por cuyo término municipal discurre la carretera, interpuso una denuncia contra el jefe de carreteras de Andalucía Oriental, Rafael Villar, por un presunto delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte debido a la mala señalización de la vía.

ernández Carrillo, tras conocer por Servimedia la resolución de la Audiencia, manifestó a esta agencia que estaba "loco de contento", después de que hubiese rechazado su personación en el caso y de que las diligencias se hubiesen archivado.

El juez de paz manifestó que "ahora se conocerá si hubo algún culpable en la deficiente señalización y si algo tuvo que ver la financiación de los fondos comunitarios Feder".

El fiscal solicitó al juez Gallegos que investigase la posible modificación de la calada, con la inclusión de más tramos donde fuese permitido adelantar, para poder acceder a las subvenciones comunitarias incluidas en los fondos Feder para las carreteras de vía rápida.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en contra de las declaraciones en Granada del ministro, José Borrel, modificó recientemente las señales verticales de la carretera y disminuyó el límite de velocidad en todo el tramo hasta 80 Km/hora.

El MOPT esperaba esa decisión de la Audiencia para modificar, tambié, la señalización horizontal y el firme de la carretera. El auto de hoy autoriza, expresamente, esa modificación.

"TIRON DE OREJAS"

Fuentes jurídicas cercanas al caso informaron a Servimedia que la decisión de la Audiencia es un nuevo "tirón de orejas" al juez Antonio Gallegos, ya que se revoca una decisión suya y "encima se le critica la forma de llevar las diligencias y su escaso trabajo en ellas".

Esas mismas fuentes recordaron a esta agencia que Antonio Gallegos debió reabrir, por indicació de la Audiencia, las diligencias incoadas en torno a un supuesto fraude al Plan de Empleo Rural (PER) en la localidad de Moclín, en esta provincia.