La titular del juzgado de instrucción número 40 de Madrid, Rosario Esteban, había aordado la libertad provisional bajo fianza de un millón de pesetas para Ricardo Guerra, lo que fue recurrido por el fiscal, la familia del propio Aitor Zabaleta, y el Movimiento contra la Intolerancia, que ejerce la acción popular en el caso.

Según un comunicado del Movimiento contra la Intolerancia, los jueces consideran que existe riesgo de fuga por parte de Ricardo Guerra, de quien recuerda su "carácter violento, refrendado por su afición a las armas blancas".

Además, la Audiencia Provincial etima que, estando en libertad, Ricardo Guerra puede influir "directamente" en el principal testigo del caso, Ivan Martín Ron.