Los procesados fueron demandados por el titular de la empresa contratada para prestar el servicio de hostelería en el Instituto de Salud Carlos III, Manuel Ortiz, después de que hicieran pública una nota informativa en la que se le implicaba en la violación de la trabajadora del citado istituto C. H. B., de 23 años, en septiembre de 1991.

Además, en la nota informativa, que fue insertada en el tablón de anuncios del Instituto de Salud Carlos III y apareció publicada en varios diarios, CCOO informaba que había solicitado al secretario general de este instituto, Rafael Fernández Sedano, la inmediata rescisión del contrato con el presunto violador, sin que fuera tenida en cuenta esta petición.

En el auto de la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso Servimedia, este tribunal desestia el recurso de apelación interpuesto contra el auto de procesamiento dictado por el juzgado de instrucción número 22 de Madrid, que encontró indicios de delito de injurias en las actuaciones de los sindicalistas.

Los magistrados de la Audiencia Provincial consideran que la existencia de indicios racionales de criminalidad en Naranjo y Del Río, entendidos como sospecha o elemento que permita formar una opinión más o menos fundada, "son suficientes para dictar y mantener el auto de procesamiento".

Además, para los magistrados, la dificultad que existe para valorar si hubo una intención denigratoria en la redacción de los textos difundidos como injuriosos "aconseja no truncar el procedimiento y proseguirlo".

Según los abogados que defienden a los dos sindicalistas, después de la decisión de la Audiencia Nacional todavía cabe otro recurso ante el juzgado de instrucción que dictó el auto de procesamiento. Si el juzgado lo desestimara, el siguiente paso sería el juicio oral contra los dos demandado.

Los procesados consideran "injusto" el auto de procesamiento e insisten en que "moral y sindicalmente estamos obligados a defender a los trabajadores y más en este caso en el que la trabajadora presentó pruebas de que habia sido violada".