Así consta en la Memoria de la Audiencia Nacional relativa al ejercicio 2004, en la que se recoge la actividad de esta institución judicial durante el año pasado.

"Como primeros apuntes para la creación previsora de un protocolo de actuación para casos análogos sería de importancia el que se tendiera a un sistema de gestión de víctimas unificado", dice la memoria.

Ese sistema estaría basado en un servicio integral a las víctimas que actuara "desde un principio" y tuviera como base las actuaciones médicas u hospitalarias.

Para la Audiencia Nacional, se trata de que la información facilitada a las víctimas reúna "todos los derechos en todos sus aspectos, asistencias médicas, acceso a tratamientos, recursos sociales, indemnizaciones e, incluso, información jurídica".

Además, contaría con una base de datos compartida con todos los agentes, con sistemas que faciliten la coordinación entre administraciones y entidades, la prestación de servicios y eviten la duplicidad de actuaciones, procedmientos y procesos, "que en muchos casos conllevan a una insatisfacción de las víctimas, que dejan de confiar en los servicios o, en muchos casos, lo que es peor, no accedan a ellos".

DESCORDINACION

La propuesta de este "sistema de gestión de víctimas unificado" parte de tres consideraciones basadas en las impresiones de los perjudicados por los atentados del 11-M.

Así, señala que existe una "diversificación de actuaciones" que obligan a las víctimas a recopilar, rellenar y presentar una gran cantidad de papeles ante distintas administraciones, como el Ministerio de Interior, Policía, Consorcio de Compensación de Seguros o mutuas laborales.

En segundo lugar, esa diversificación produce "disfunciones claras". Así, explica que hay personas con situación de perjudicado "clara y objetiva" a las que se les ha negado las indemnizaciones, y viceversa, gente cuya condición de víctima es "dudosa", hasta el punto de que se les ha retirado su condición de tal, pero que ya han percibido las compensaciones económicas correspondientes.

La tercera consideración destaca la "falta de coordinación entre las administraciones y entidad que facilitan la prestación de servicios a las víctimas".

En este sentido, añade que existen distintas bases de datos con relaciones de afectados no coincidentes y que hay perjudicados que no figuran en ninguna relación de afectados, de modo que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es quien les ha citado por primera vez.