El auto, dictado a mediados de este mes y dado a conocer hoy, es el primero de estas características en España y en el mismo se insiste en que el derecho a la salud de los presos debe ser protegido en igual medida que el de las personas libres.

Esta decisión judicial procede de una queja de 140 presos de Pamplona ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la capital navarra, al igual que hicieran otros 160 penados de cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca.

La queja, elevada hace más deun año, fue rechazada por este juez, que estimó no tenía competencias para ordenar a la dirección de la prisión la entrada libre de jeringuillas. El juzgado añadía que la protección del derecho a la salud venía de la mano de la no entrada de droga en los establecimientos penitenciarios.

El colectivo de presos, con el apoyo de asociaciones de ayuda a reclusos, contra la drogadicción y de colectivos antimilitaristas e insumisos, recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial.

El fallo de este ribunal ordena con contundencia a la dirección de la cárcel pamplonesa "la puesta en práctica de un programa de prevención de la transmisión de VIH con intercambio de jeringuillas".

Entre otras razones, la audiencia indica que en las prisiones se consume droga y, para ello, los adictos se intercambian jeringuillas que pueden estar contaminadas.

Además, el texto judicial recuerda que el propio Gobierno de Navarra tiene un programa de intercambio de jeringuillas usadas por otras nuevas y que, dada a igualdad entre todos los ciudadanos, los presos deben también acceder a las alternativas ofrecidas en este terreno por la Administración foral a las personas libres.