LA AUDIENCIA NACIONALTRAMITA LA EXTRADICION DE "PEDRITO DE ANDOAIN" POR EXTORSIONAR A EMPRESARIOS

MADRID
SERVIMEDIA

La Audiencia Nacional ha iniciado los trámites para que el Gobierno solicite a las autoridades francesas la extradición de Carlos Almorza, "Pedrito de Andoain", considerado el responsable de la red de extorsionadores de ETA desarticulada el pasado fin de semana en el País Vasco.

Almorza, detenido en las proximidades de París, tiene abiertos dos sumarios en la Audiencia Nacional por delitos d tenencia ilícita de armas y explosivos que, sin embargo, están prescritos, ya que ambos datan de 1983, según informaron fuentes de la fiscalía.

Por ese motivo, la petición de extradición se fundamentará exclusivamente en los hechos que relacionan a "Pedrito de Andoain" con el chantaje a empresarios vascos a los que pretendía cobrar el denominado "impuesto revolucionario".

Las mismas fuentes confirmaron que la Audiencia Nacional enviará finalmente una comisión rogatoria a Francia para realizar unanálisis pericial de los elementos balísticos y la documentación intervenida al detenido.

No obstante, el tribunal ha desistido de constituir una comisión judicial para interrogar a Almorza, ya que éste se ha negado a declarar ante las autoridades francesas.

Asimismo, la fiscalía solicitará a Francia la entrega de José María Dorronsoro, detenido un día después que Almorza, y presuntamente vinculado al aparato de finanzas de ETA.

Dorronsoro cuenta con dos causas pendientes en los juzgados 1 y2 de la Audiencia Nacional por su supuesta participación en el secuestro de Antonio González Millán, en julio de 1987, y en un atentado contra el Gobierno militar de San Sebastián, en junio de ese mismo año, en el que resultaron heridos de gravedad un sargento y varios soldados.

Ambas acciones fueron llevadas a cabo por el "comando Donosti" de ETA, del que Dorronsoro formó parte antes de huir a Francia para integrarse en el aparato de finanzas.

Tanto Dorronsoro como Alcorza han sido acusados en Fancia por tenencia ilícita de armas, estancia ilegal en territorio francés y uso de documentación falsa, lo que les acarreará probablemente una condena de 10 años de prisión por asociación de malhechores, que deberán cumplir en las cárceles galas antes de ser entregados a España.

(SERVIMEDIA)
11 Ago 1993
C