En un auto hecho público hoy, la Audiencia Nacional pone en duda la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para el año 2002 que establecen que no se pagarán subvenciones a partidos en cuyas filas haya personas condenadas por terrorismo, por entender que vulneran tres atículos de la Carta Magna.

Uno de los motivos por los que la Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad de esta ley es por su carácter retroactivo, que faculta al Gobierno para no pagar a los partidos subvenciones electorales a las que se hicieron acreedores ante de la entrada en vigor de dicha normativa.

Al aplicar retroactivamente la ley, el Estado no tenía por qué pagar a Batasuna un total de 34 millones de pesetas que le debía en concepto de gastos electorales, aún cuando el Tribunal Suremo estableció, en cinco sentencias firmes, que se debería pagar a la formación abertzale.

Además, la Audiencia Nacional considera que la norma impugnada también vulnera el artículos 81 de la Constitución, por cambiar mediante ley ordinaria materias que deben ser reguladas por ley orgánica, y el 24.1, que consagra el derecho a tutela judicial efectiva.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Eduardo Calvo Rojas, presentó un voto particular oponiéndosela decisión adoptada por el resto de magistrados.