Según informaron a Servimedia fuentes jurídicas, el mismo lunes, día 24, se reunirá la Sala de Justicia de la Audiencia Nacional para dirimir sobre la recusación. Tras la decisión, el juicio podría iniciarse el martes o el miércoles de la próxima semana.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya retrasó hasta el 24 de enero de 2005 el juicio al presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, por este caso.

El inicio del juicio estaba previsto, inicialmente, para el 10 de enero. La causa del aplazamiento del pimer juicio contra el banquero se debió a que uno de los querellantes, Francisco Franco Otegui, fue intervenido quirúrgicamente.

Los magistrados encargados de juzgar el caso, si no sale adelante la recusación, serán, además del presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, Raimunda Peñafor y Luis Martínez de Salinas, quien, además, será el ponente de la sentencia.

En este caso se trata de esclarecer la presunta comisión de delito en el pago de 47,75 millones de euros a José María Amusátegui y de 108 millones de euros a Angel Corcóstegui, ex copresidente y ex vicepresidente del SCH, respectivamente, tras su salida de la entidad.

La encargada de instruir el caso fue la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, quien el pasado 26 de abril dictó auto de apertura de juicio oral contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui.

La magistrada les imputó a los tres delitos de apropiación indebida y/o de administración desleal, por el pago a Amusátegui de 56 millones de euros y a Corcóstegui de 108 millones, cuando se fueron de la entidad bancaria que ahora preside en solitario Botín.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

La Fiscalía insiste en que no hay delito y las defensa en que los acuerdos de pago fueron legales y ajustados a lo previsto en los estatutos del banco.