Una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia fija las sesiones de esta vista, que se extenderá hasta abril de 2026, y cuyo tribunal estará formado por las magistradas María Riera, como presidenta, María Fernanda García, como ponente, y Carolina Rius.

En otra resolución, la Sala ha dictado el auto de admisión de prueba en el que acepta la declaración de 39 testigos siempre y cuando las partes faciliten los datos para poder ser localizados.

En el caso de otros 50 testigos, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex DAO Eugenio Pino y otros policías, el Tribunal requiere a las partes para que en el plazo de diez días justifiquen la necesidad y utilidad de estas testificales. El auto incluye también las pruebas testificales y periciales que se deniegan.

En concreto, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado un calendario que distribuye las sesiones entre las dos sedes del tribunal, en calle Génova de Madrid y en la localidad de San Fernando de Henares. Así, se celebrarán sesiones de los días 10 al 13 y del 24 al 27 del mes noviembre. En diciembre, las sesiones continuarán entre los días 15 y 18. Y ya en enero se celebrarán del 12 al 15 y del 26 al 29.

La vista continuará en las sesiones fijadas para el mes de febrero entre los días 2 al 5, del 16 al 19 y del 23 al 26. En marzo, las sesiones están señaladas del 2 al 5 y del 16 al 18; y en abril, continuará el juico del 2 al 5, del 13 al 16 y del 20 al 23.

El tribunal ha preguntado a las partes si quieren que los imputados declaren al inicio o al final del juicio para poder organizar las citaciones. Además, ha rechazado el testimonio de la expresidenta del PP catalán y actual diputada en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez-Camacho, vinculada a la llamada ‘Operación Cataluña’ en las grabaciones subrepticias del comisario jubilado José Manuel Villarejo. También pide el tribunal una justificación para citar a declarar a Villarejo y otros policías relacionados con la investigación a lideres independentistas.

En el escrito también se descarta ampliar la comisión rogatoria a Andorra para recabar datos sobre los movimiento bancarios de la familia Pujol. Esta causa se inició por la denuncia de Vicky Álvarez, expareja del hijo mayor del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, a quien dijo haber acompañado con bolsas de dinero hasta Andorra. Todas las pesquisas se inscriben en la investigación de las cloacas policiales que habrían investigado a espaldas de la justicia a la familia Pujol-Ferrusola.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel para el expresidente de la Generalitat por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales en los que estarían involucrados el resto de los miembros de su familia, que habría llevado el dinero proveniente de adjudicaciones públicas irregulares a Andorra.

Anticorrupción llega a pedir hasta 29 años de prisión para el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución, delito que cometió presuntamente junto a su esposa al vender un piso a su hija. Mercè Gironès, se enfrenta por este motivo a una petición de 17 años de cárcel.

Además, Anticorrupción pide para Josep Pujol 14 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, delito fiscal y falsedad. Sobre Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta se cierne una petición fiscal de ocho años de prisión. Además, el Ministerio Público pide multas en distintas monedas por el delito de blanqueo. En concreto son 38,8 millones de euros, ocho millones de dólares, 2,7 millones de marcos y 95.350 libras.