El abogado de José Guilló, director general de Competencia y Consumo y Comisario General de Abastecimientos y Transportes, solicitó a la sala que anule la providencia dictada por l juez Carlos Bueren, que se negó a admitir como testigos a algunos peritos propuestos por su representación.

La vista fue seguida con interés por los cientos de afectados por el síndrome tóxico que desde hace más de un mes se concentran todos los días en la puerta de la Audiencia Nacional para reclamar la celebración del juicio, ya que representa la única posibilidad de que cobren las 500.000 millones de indemnización establecidos por el Tribunal Supremo.

La resolución de este recurso es crucialpara el futuro de la causa, ya que, de ser desestimado, el próximo paso sería decretar la conclusión del sumario para archivar el caso o señalar la fecha del juicio oral.

Por contra, si la sala da la razón a la defensa del procesado, se producirá un nuevo retraso en la instrucción, al tener que prestar declaración los testigos propuestos por el apelante, a lo que se oponen los abogados de los afectados, que reclaman su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

La Audiencia Nacional abrió un umario a 7 altos cargos de la Administración de la UCD por su presunta responsabilidad en el envenenamiento masivo, cuyo juicio no llegó a celebrarse por razones de forma.

El juez Bueren reabrió el sumario hace ya un año e interrogó de nuevo a los procesados: el ya citado José Guilló; Manuel Hernández Bolaños, director del laboratorio Central de Aduanas; Antonio Bardón, jefe de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura; Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valladoid; Roberto Conty Larraz, subdirector de Higiene de los Alimentos; Casimiro Palacios, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alcorcón, y Francisco Mayo, concejal de Abastos del mismo municipio.

Si son considerados culpables, el Estado será condenado a su vez como responsable civil subsidiario y se hará cargo del pago de las indemnizaciones.