Con este fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia da la razón a la Secretaría General de Asuntos Sociales, que dictó una resolución en 1996 en la que denegó el regstro oficial de la fundación, a causa de los hechos delictivos que se imputan a la OID en relación con la venta de cupones de minusválidos ilegales.

La sentencia cita informes del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Policía, que refieren diversas conductas irregulares cometidas por la OID, así como acuerdos de numerosas comunidades autónomas contrarios a la venta de cupones de la OID. La sala también alude a las diligencias penales abiertas en diversos juzgados por el mismo motivo.

La Audiencia cree que la Administración ha obrado bien al determinar la no inscripción en el Registro de Fundaciones "hasta que se depure la inexistencia de responsabilidad penal en los procesos abiertos".

A su juicio, existen "indicios racionales" para pensar que los fondos económicos que sustentarían la nueva entidad provendrían de actuaciones delictivas.

"La resolución recurrida consistente en informar desfavorablemente a la inscripción y entender que debe quedar suspensa hasta que dictaminenlos tribunales nos parece proporcionada y lícita", señala la sentencia.