En concreto, el magistrado ha procesado a los líderes del Grapo Israel Clemente, Jorge García Vidal, Lucio García Blanco, Manuel Ramón Arango Riego, Isabel María Aparicio Sánchez y José Francisco Cela.

El grupo había recopilado información sobre más de 1.500 posibles objetivos entre personas de la política, la cultura, la judicatura, el ejército y el espéctaculo y estaba preparando el secuestro de un joyero en Barcelona, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.

El juez Velasco acusa a los seis procesados de los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia y depósito de sustancias explosivas, tenencia ilícita de armas, conspiración para la realización de asesinatos terroristas, conspiración para la detención ilegal para financiar actividades terroristas y falsedad en documento oficial.

En el auto de procesamiento, de 78 páginas, el juez describe la estructura formada por los seis procesados, en la cual existía un órgano máximo de dirección, formado presuntamente por Manuel Ramón Arango e Isabel María Aparicio.

El Comité General estaba integrado supuestamente por Lucio García Blanco, José Francisco Cela y Jorge García Vidal, quienes también formaban parte del grupo armado, dirigido por Israel Clemente.

OBJETIVOS TERRORISTAS

"Todos realizan actividades relacionadas con la lucha armada, especialmente los componentes del denominado Comité General, que además de las actividades de propaganda, organización, etc., realizan también labores de infraestructura e información, captación y vigilancia de objetivos junto con los integrantes del comando", señala el escrito.

Entre dichos objetivos, señala que vigilaron 25 oficinas bancarias del cinturón sur de Granada y otras 14 y una farmacia en Barcelona con la "intención de continuar financiando, con el dinero que obtuvieran de atracarlas, la organización terrorista a la que los seis pertenecían".

Con ese fin recaudatorio, los Grapo también practicaron intensas vigilancias sobre un joyero de Barcelona a quien pensaban secuestrar de forma inminente para apoderarse de joyas y dinero con los que poder continuar sufragando sus ilícitas actividades.

Además, los cuatro integrantes de los grupos armados, siguiendo las instrucciones de la dirección, recabaron información sobre 1.562 personas entre militares, cargos públicos, jueces, fiscales, empresarios, personas de la cultura y el espectáculo y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

En algunos casos, explica el juez de la Audiencia Nacional, simplemente tomaron la documentación a través de la prensa y registros públicos, mientras que, en otros casos, precisa, existía una información más elaborada "como paso previo a atentar contra su vida".