Durante la sesión de hoy, que tuvo que ser interrumpida por recibirse una amenaza de bomba en la sede judicial, prestó declaración Hassan Hassan Rhad, considerado el enlace entre la empresa valenciana que servía de tapadera para exportar las armas y la organización en el Libano, de la que recibía órdnes directas.

Sin embargo, el procesado negó todas sus declaraciones sumariales, en las que reconoció haber participado en el negocio de las armas, y se definió como representante de la empresa libanesa "Al Sayed", asegurando que su misión se limitó a arreglar la documentación necesaria para la exportación de productos alimenticios a España.

No obstante afirmó que se encontraba en Chipre el 15 de octubre de 1989, el mismo día que el cargamento que posteriormente sería descubierto en Valencia era ransportado de un barco procedente del Libano a otro con el que llegaría al puerto levantino, aunque explicó su presencia allí diciendo que se encontraba de paso en su viaje hacia su país, procedente de Holanda.

Asimismo dijo haber recibido de la empresa libanesa 7.000 dólares para entregar a Mohamed Sbeitti, el encargado de la empresa valenciana, para pagar el alquiler de un piso y los posibles gastos de aduana durante la operación mercantil.

Por su parte, una empleada de la agencia de aduanas "uñoz y Cabrero" de Valencia, que identificó a Hassan Rahd como la persona que entregó toda la documentación para la transacción comercial y declaró que el importe de la operación fue pagado con un talón sin fondos.

El fiscal pide un total de 114 años para los procesados por delitos de pertenencia a organización terrorista, contrabando, tenencia de armas y explosivos, depósito de armas de guerra y falsificación.