E texto, del que fue ponente el presidente de la audiencia, Clemente Auger, destaca la trascendencia que sobre la sociedad están teniendo los juicios orales sobre delincuencia organizada, con gran número de acusados, y las causas en fase de instrucción por defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, que tienen gravesrepercusiones en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional, con un elevado número de imputados y miles de perjudicados.

Por ello, estima que se prduce "de forma privilegiada la necesidad de un tratamiento jurisdiccional adecuado de estas cuestiones, para que no se produzca la deslegitimación del sistema", y considera imprescindible contar con auditores de cuentas.

Esta necesidad se deriva, en su opinión, de "la extraordinaria complejidad cuantitativa de los asuntos y de que los titulares de los órganos jurisdiccionales han de estar notablemente especializados en las materias del ordenamiento jurídico que aplican, del Derecho Penal y Leyes Tribuarias que completan los tipos en banco, pero no en información o contabilidad financiera".

Asimismo, destaca que si no cuentan con esos funcionarios, que podrían estar destinados en comisión de servicios a la Audiencia Nacional o ser funcioanrios de empleo, eventuales o interinos, "no se pueden plantear cuestiones referidas a la imparcialidad de actuaciones periciales al estar quienes las practican al servicio de órganos no jurisdiccionales".

Además de esta deficiencia, la memoria de la AudienciaNacional destaca que es "urgente" la entrada en funcionamiento de la sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, prevista para este año, en cumplimiento del Plan de Actualización de la sala.

Por otra parte, afirma que las relaciones institucionales con abogados y procuradores "se desarrollaron conforme a las pautas establecidas y cumplidas en los anteriores años", y destaca, en referencia al funcionamiento de la Sala de lo Penal, que en 1993 se normalizó el enjuiciamiento de las causaspor terrorismo, "desaparecida en buena medida la actividad obstaculizadora de los letrados que habitualmente intervienen en ella".

También sobre esta sala dice que "se han producido perturbaciones en las ejecuciones de las sentencias por delitos monetarios" respecto a la interpretación de la normativa europea sobre la libre circulación de capitales, por lo que recuerda que la sala acordó suspender la ejecución de las sentencias privativas de libertad, hasta que no se resuelva la cuestión de prejudiciaidad planteada por el Juzgado Central de lo Penal ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

Agrega, asimismo, que ninguno de los delitos contra el orden socio-económico de mayor complejidad y trascendencia entendidos por esta sala ha alcanzado la fase de enjuiciamiento y agrega que ha aumentado la complejidad de los procesos relativos al narcotráfico.

Respecto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, destaca "la situación sumamente crítica por la que atraviesa", por lo que fue aproado el Plan de Actualización de la sala, cuya aplicación "ha determinado resultados muy positivos e, incluso, espectaculares en materia de tramitación", disminuyendo el número de recursos pendientes de tramitación en unos 3.500 al final de 1993.

Por ello, dice que "puede señalarse el plazo de un año y medio más como mínimo para lograr la actualización o normalización de los recursos en tramitación, siempre que se cuente con la continuidad del equipo de apoyo y se cree la sección octava". No obstante, grega que serán necesarios siete años para lograr el fin del Plan de Actualización.

Finalmente, refiriéndose a los juzgados centrales de instrucción, afirma que sus titulares han reflexionado sobre los problemas derivados de la estricta aplicación del principio de conexidad procesal, así como sobre los problemas derivados de la atribución en exclusiva al juzgado número 3 de los delitos económicos, lo que se ha traducido en la propuesta de la Sala de Gobierno al Consejo General del Poder Judicial para ue suprima esa competencia.