En un auto hecho público hoy, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional advierten a Grande- Marlaska de que las "dudas razonables" que existen sobre la posible ilicitud de la conducta de los militares que identificaron los cadáveres deben resolverse en un juicio y no a través de un archivo decretado por un juez de instrucción.

La decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal admite el recurso presentado por la Asociación de Familiares del Accidente Turquía Yak-42 (Afaty) y la Fiscalía contra la decisión de Grande-Marlaska de archivar la causa, adoptada el 22 de noviembre de 2007.

El juez deberá por lo tanto investigar por qué las autoridades militares españolas se equivocaron en la identificación de los cadáveres de 30 de los 62 fallecidos en el accidente del Yak-42.

Asimismo, los magistrados piden al juez que deje la puerta abierta para poder llevar a juicio a los tres imputados en esta causa: el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, los militares que compusieron el equipo médico que llevó a cabo la identificación de los cadáveres y emitió los correspondientes certificados de defunción.

Estos tres militares están acusados por la Fiscalía y los familiares de las víctimas de haber cometido un delito de falsedad documental dolosa.

Pero los magistrados decidieron dejar fuera de la causa al superior de los citados militares, el Teniente general José Antonio Beltrán, que había sido acusado por los familiares de las víctimas pero no por el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos.

El auto señala que la conducta del Teniente General Beltrán, que fue el encargado de firmar el Acta de Entrega de los cadáveres por las autoridades turcas, no puede encuadrase en una "comisión por omisión" de un delito de falsedad.

FALSEAMIENTO DE LA REALIDAD

Los magistrados señalan que las dudas razonables que existen sobre el presunto "falseamiento de la realidad" realizado por los militares en sus certificados y su posible relevancia penal "denotan una cuestión compleja que ha deser solventada en el acto de jucio".

Además, señalan que un juicio daría la oportunidad a los familiares de las víctimas de "probar los efectos nocivos" de los errores en la identificación.

Estos errores provocaron que 30 cadáveres fueron entregados a familiares que no lo eran, que 21 de los fallecidos fueron enterrados con una identidad falsa, y que otros nueve fueran incinerados en contra de lo que era su última voluntad.

Cuando Grande-Marlaska archivó la causa, lo hizo porque consideraba que los hechos investigados habían arrojado luz sobre lo que definió como "conductas graves" e "imprudentes", pero que en ningún caso encajaban en el delito de falsedad documental y, por lo tanto, no eran perseguibles judicialmente.

El juez entendía que los errores en la identidad de los cadáveres no supusieron "una alteración de la verdad en elementos esenciales" en los certificados de defunción emitidos por los militares ya que en estos constaban correctamente la fecha, el lugar y la causa del fallecimiento.

Bien al contrario, los magistrados de la Sección Tercera consideran que los certificados de defunción "acreditan no sólo la defunción de una persona, día y lugar del óbito, sino la identidad de los restos cadavéricos que fundan el tránsito de la vida a la muerte".

Esta es la segunda vez que la Sala de lo Penal ordena a Grande-Marlaska reabrir una investigación sobre el Yak-42, después de que el pasado 8 de enero los magistrados de la Sección Cuarta revocasen su decisión de archivar la investigación sobre la presuntas responsabilidades en la contratación del avión siniestrado.