La decisión de la juez Alonso fue recurrida por la Fiscalía el pasado 27 de junio ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional.

Es la primera vez que la Audiencia Nacional estudia un recurso de apelación contra la concesión de la libertad condicional a un cndenado por terrorismo y se debe a una resolución dictada por el Tribunal Supremo.

Dicho acuerdo, que no tiene carácter jurisdiccional, establece que los recursos de apelación contra las decisiones de un juez de Vigilancia Penitenciaria debían ser resueltos por el tribunal sentenciador, en este caso, la Audiencia Nacional.

Una vez que el caso llegó a la Audiencia Nacional, la Fiscalía de esta casa, dirigida por Eduardo Fungairiño, solicitó que se suspendiera la libertad condicional de Pedro Narbate Gil y se ordenara su detención, de la que se tuvo conocimiento esta mañana.

Tras la detención, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró la "vistilla" para determinar las medidas cautelares contra Narbarte Gil hasta que se resuelva el recurso de apelación.

Los magistrados decidieron ordenar el ingreso en prisión de Narbarte Gil, por considerar que es necesario para garantizar la efectividad de la decisión a que dé lugar el recurso de apelación, cuya vista tendr lugar el próximo 30 de enero.

Narbarte Gil fue condenado en 1998 por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados le impusieron una condena de ocho años y un día de prisión por un delito de colaboración con el "comando Vizcaya" de ETA.

Según informaron fuentes jurídicas, como el de Narbarte Gil (concesión de libertad condicional pendiente de recurso de apelación) hay otros cinco casos más, entre ellos el de José Ramón Basauri Pujana, excarcelado el pasado18 de octubre, también por orden de la juez Alonso.

Basauri Pujana fue condenado a 45 años de prisión por varios delitos, entre ellos, el asesinato de Luis Domínguez Jiménez, funcionario del Ayuntamiento de Bergara el 25 de enero 1980.

También cumplía condena por varios delitos de estragos contra transformadores de la empresa Iberduero en distintas localidades del País Vasco y por depósito de armas.