Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal revocan así la decisión de Grande-Marlaska de archivar la demanda de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo del Yak-42, a la que se adhirieron otros familiares de las víctimas no integradas en dicha asociación.

En el auto hecho público hoy, los magistrados de la Sala, presididos por el juez Fernando Bermúdez de la Fuente, afirman que "las familias de los militares fallecidos en dicho accidente aéreo merecen un acto de justicia con investigación total que pueda esclarecer las eventuales responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido los partícipes en dicho evento".

Para la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la decisión de Grande-Marlaska de archivar las actuaciones, formalizada en un auto dictado el 1 de junio de 2007, "carece de motivo válido y viene a transgredir el principio de tutela judicial efectiva".

En dicho auto, Grande-Marlaska decretó el archivo de la demanda por la contratación del Yak-42 al entender que no existía "indicio racional alguno de criminalidad" y que no había lugar "a practicar diligencia de instrucción complementaria".

La decisión de los magistrados de la Sala de lo Penal revoca el sobreseimiento de la causa y ordena al juez que continúe "la tramitación de la causa con la práctica de las diligencias interesadas para el esclarecimiento de los hechos".

Los magistrados consideran que hay que "depurar las eventuales responsabilidades en que pudieran haber incurrido determinados funcionarios españoles que, como garantes, debieron llevar a cabo labores de inspección y control dentro y fuera de España en las etapas de contratación y desarrollo del vuelo del Yak-42".