De esta manera, la Audiencia Nacional confirma la decisión adoptada por el centro penitenciario en el que cumple condena dicho terrorista, quien había pedido que tal limitación no afectase a las comunicaciones escritas intermodulares.

Para el juzgado, "el argumento de que no deben integrarse en tal límite las comunicaciones intermodulares no tiene justififación legal alguna (...), ya que por esta vía se podría soslayar la limitación impuesta, interponiendo a terceros a los que no afecte tal medida".

Según el auto, la limitación impuesta no vulnera norma alguna y recuerda que el reglamento penitenciario preve la posibilidad de establecer tal acotamiento a la comunicación escrita.

Asimismo, tiene en cuenta que se trata de un preso que pertenece a ETA, que se encuentra en primer grado penitenciario, que tiene intervendidas sus comunicaciones orales, escritas y telefónicas, y que cumple una condena de 20 años de prisión.

"Tal situación del recluso advierte de la especial consideración que la estancia del mismo en el Centro Penitenciario comporta, por lo que cabe considerar proporcionada la medida adoptada por la autoridad penitenciaria", dice el auto.