Según el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera probado que la acusada envió las misivas amenazantes con el fin de contribuir a los fines de ETA, aunque, dice el Ministerio Público, no consta su pertenencia a la banda terrorista.

Las misivas fueron remitidas a principios de junio de 2004 a Félix Toral y Ricardo Lozano, concejales del PSE en Villarreal de Urrechua y Zumárraga (Guipúzcoa), respectivamente, así como a la sede del citado partido en esta última localidad.

"Mientras Zapatero y su Gobierno apuesten por la guerra en Euskal Herría, el conflicto salpicará a todos los miembros de tu partido, tanto militantes como concejales, y ante las elecciones europeas muy especialmente a los miembros del PSOE que actúen el 13 de julio como apoderados e interventores en las mesas electorales".

Para las Fiscalía de la Audiencia Nacional, las expresiones vertidas por la acusada tenían fines "claramente amenazadores", teniendo en cuenta "la situación en que viven los concejales de los partidos de ámbito estatal PP y PSOE, que son constantemente amenazados y en ocasiones asesinados vilmente por la banda asesina y criminal ETA".

A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos son constitutivos de tres delitos de amenazas terroristas, por lo que pide que la acusada sea condenada a un año y nueve meses por cada uno de ellos.