El fiscal de la Audiencia Nacional encargado de defender el caso ante el tribunal, Carlos Bautista, pide que cada uno de los acusados sea condenado a seis años de prisión.

Entre los acusados se encuentra Unai Romano, que fue presentado por el entorno de la banda etarra como un icono de las supuestas torturas que ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Unai Romano denunció ante los tribunales haber sido torturado por la Guardia Civil, pero los jueces decidieron archivar el caso.

Como prueba de las torturas el entorno de la izquierda 'abertzale' difundió una fotografía en la que Unai Romano aparecía con la cara fuertemente hinchada y los ojos amoratados, supuestamente tras ser torturado por las Fuerzas de Seguridad.

La autenticidad de dicha fotografía fue puesta en duda. Así, el diario digital ¡Basta Ya! difundió un informe que sostiene que la citada imagen difundida podría ser falsa, a partir del estudio de determinadas partes del rostro de Unai Romano antes y después de las supuestas torturas.

EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Unai Romano se sentará el martes, junto con otras 14 personas más en el banquillo de los acusados, donde el martes se enfrentarán a la acusaciones del Ministerio Público.

Según el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera probado que Juan Carlos Subijana Izquierdo, alias "Txampi" y "Kepa", formó un "comando de información" al servicio de ETA, junto con José Ramón Acedo Espina y Zigor Bravo Sáez de Urabain, y también captó a Susana Achaerando Alesanco, Joseba Gorosarri Ramos y Unai Romano Igartua.

Además, "Txampi" recibía también del procesado Enrique Celestino Uriarte Alonso, interno en la cárcel de Nanclares de Oca, información sobre los funcionarios de dicho centro penitenciario "con la finalidad de facilitar atentados contra sus personas.

Por otra parte, otro de los procesados, Juan Antonio Cortés de Luis formó con el ya citado Joseba Gorosarri Ramos un "comando de información" encargado de proporcionar también a ETA datos para ulteriores atentados.

El fiscal destaca en su escrito que Juan Antonio Cortés de Luis había pertenecido al "comando Basurde", donde recibió cursos sobre manejo de armas y explosivos que otros miembros de ETA impartían en Francia.

En cuanto a Jon Echeverría Oyarbide, Unai romano Igartua, Daniel gutiérrez Pérez, Raúl Vallinas Aduna, Aitor Durán ruiz de Eguino, Sendoa Domínguez Moreno, Iván Sáez de Jáuregui Orgigosa y Jokin Cerain Alvarado, el fiscal sostiene que no sólo participaron en actos de violencia callejera, sino que además realizaban contactos con la dirección de ETA en Francia y captaban personas para sus filas.

MILITARES, POLICÍAS Y CONCEJALES

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, estos procesados "informaron a otros miembros de ETA sobre el domicilio de personas sobre las que la organización podría atentar, en contreto, sobre militares, policías nacionales y concejales del PSOE".

El fiscal destaca también que en el domicilio de Sáez de Jáuregui se encontraron "informaciones manuscritas sobre vehículos y políticos del País Vasco que podían ser objetivos de la banda ETA".

A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos son constitutivos de un delito de pertenencia a banda terrorista del que son responsables los quince acusados. Así, pide que cada uno de ellos sea condenado a seis años de cárcel.