Según el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, considera probado que Mónica Refojos Pérez, siguiendo instrucciones de Manuel Pérez Martínez, dirigente de los GRAPO, colocó un artefacto explosivo en el interior de la basílica de El Valle de los Caídos el 6 de abril de 1999.

Para el fiscal, Mónica Refojos se hizo pasar por turista y colocó la bomba en dicho lugar, "con la intención de causar irreparables daños materiales por el simbolismo que dicho monumento representa".

El artefacto, que hizo explosión a las 4,31 horas del día 7 de abril de 1999 y que causó daños materiales por valor de 724.501,92 euros, estaba colocado en el segundo confesionario, situado en la pared este de la nave correspondiente al brazo derecho de la cruz.

A las 7 horas de ese mismo día, 7 de abril, se recibió en las oficinas del diario El País una llamada telefónica en nombre de los GRAPO, en la que se advertía de un ataque a la Cruz de los Caídos.

"Escucha con atención, sólo lo voy a decir una vez, somos de los Grapo y vamos a atacar la Cruz de los Caídos", decía la llamada.

Con posterioridad al día de la explosión, se recibieron en las dependencias del diario El País, en Madrid, el diario Atlántico, en Pontevedra, y el "Faro de Vigo", también en Pontevedra, comunicados de los Grapo en los que se reivindicaba el citado atentado, así como otras acciones llevadas a cabo en el año 1999.

Para el fiscal, los hechos descritos con constituvos de un delito de estragos del que es reponsable Mónica Refojos Pérez, para la que pide 17 años de prisión y 724.501,92 euros en concepto de responsabilidad civil por los desperfectos causados.