El fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, pide para Silva Sande 46 años de cárcel al considerarle autor de un delito continuado de terrorismo y de siete delitos de lesiones. Además, pide que el dirigente de los Grapo indemnice a las víctimas y a las instituciones atacadas por los daños causados.

Según el relato de los hechos realizado por el fiscal Gordillo en su escrito de acusación, Silva Sande, junto a los grapos Guillermo Vázquez Bautista Y María Jesús Romero Vega -condenados ya en octubre de 1998 por estos hechos-, se desplazó a Madrid en 1990 con el objetivo de realizar varios atentados contra instituciones representativas del Estado.

Para llevar a cabo esta acción, Silva Sande disponía de material explosivo, temporizadores y detonadores que tenía almacenados y ocultos en una vivienda de Madrid.

En la mañana del 6 de septiembre de 1990 Silva Sande acudió a la Sede de la Bolsa de Valores de Madrid, donde dejó una bolsa con explosivos en los lavabos.

Sus compañeros, Vázquez Bautista y Romero Vega, hicieron lo propio en los edificios del Tribunal Constitucional y el Ministerio de Economía y Hacienda.

Las tres bombas explosionaron entre las 11.45 y las 12.00 horas de aquel día causando heridas de diversa consideración a siete personas y daños materiales que fueron cifrados en un total de 1.304.084 euros.