Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, ambos procesados decidieron llevar a cabo el ametrallamiento con el fin de "alcanzar a alguno de los miembros de la Guardia Civil que sabían se encontraban de vigilancia en la zona".

Para ello cogieron un taxi, a cuyo conductor, tras haber efectuado una parte del trayecto, le dijeron que eran de ETA, le obligaron a descender del vehículo y le dijeron que no denunciara los hechos.

Después se dirigieron con el coche, con Ibon Etxezarreta al volante, al Gobierno Civil de Guipúzcoa, donde Luis María Carrasco, desde el interior del vehículo y a través de una ventanilla realizó ocho disparos de forma indiscriminada contra la fachada principal del edificio.

En el momento del ametrallamiento se encontraban en las inmediaciones de la zona contra la que se produjeron los disparos dos guardias civiles que podían haber sido alcanzados por las balas.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, estos hechos son constitutivos de un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa, otro de detención ilegal y otro de robo de uso de vehículo de motor, por lo que pide para cada uno de los procesados 43 años de prisión.