Asimismo, el Ministerio Público pide que se declare la ilicitud y disolución del Partido Comunista de España Reconstituido (PCEr), considerado brazo político de la citada organización terrorista.

Los acusados son María Josefa Alarcón Lapuente, Leoncio y Victorio Calcerrada Fornieles, Aurora Cayetano Navarro, Yolanda Fernández Caparrós, Francisco Javier García Victoria, Carmen López Anguita, Belén López Calderón, Juan Carlos Matas Arroyo, Jesús Merino del Viejo, Israel Moleón Martínez, Carmen Muñoz Martínez y Aníbal Saugar Rubio.

El fiscal les acusa de delitos de integración en organización terrorista, falsificación de documentos oficiales y tenencia ilícita de armas.

El fiscal encargado del caso, Enrique Molina, asegura que "la organización terrorista PCE(r)-GRAPO se constituyó como una asociación criminal integral formada por dos ramas, una política y otra militar que defiende la lucha armada como vía para la consecución de sus objetivos".