El fiscal encargado del caso, Miguel Ángel Carballo, pide para los acusados diez años de prisión por un delito de transporte de sustancias explosivas con finalidad terrorista.

Según el fiscal, en agosto de 2000, siguiendo las órdenes de la dirección de ETA, los acusados se trasladaron a la localidad francesa de Bagnères de Luchon para recoger un vehículo cargado de explosivos.

Olarra y Múgica debían entregar el vehículo en una población cercana a Valencia a los miembros del "comando Andalucía" de ETA Igor Solana y Harriet Iragi, ya condenados por estos hechos, quienes lo iban a utilizar para atentar contra un barco de la empresa marítima Trasmediterránea.

En el trayecto, cuando los acusados se encontraban en la carretera N-230 a la altura de la localidad de Estopiñán del Castillo (Huesca), el vehículo en el que transportaban los explosivos tuvo una complicación mecánica que les impidió seguir circulando. Otro miembro de la organización terrorista les recogió y, abandonando el vehículo, los acusados volvieron al País Vasco.

El 14 de agosto de 2000 la Guardia Civil localizó el vehículo, que se encontraba en medio de la calzada y obstaculizaba el tráfico. Los agentes comprobaron que el coche portaba matrículas falsas y encontraron en el maletero un arcón de madera con un candado que desprendía un fuerte olor a explosivos.

Al día siguiente, agentes especializados llevaron a cabo la explosión controlada del vehículo. La carga explosiva estaba constituida por cerca de 100 kilogramos.

ETA, a través de un comunicado publicado en el diario "Gara" el 22 de septiembre de 2000, asumió la propiedad del coche-bomba.

Además de los diez años de prisión, el fiscal pide que Olarra y Múgica indemnicen al Estado por los desperfectos causados en la carretera, así como a los diferentes afectados por la explosión.