La Fiscalía de la Audiencia Nacional les acusa de presuntos delitos de estragos terroristas en grado de tentativa, sustracción de vehículos a motor y falsedad documental, y pide que cada uno de ellos sea condenado a 14 años de prisión y a una multa de unos 27.000 euros.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía, Javier Zabalo y Ainhoa Barbarín, junto con el procesado declarado rebelde Ismael Berasategui Escudero, formaban parte del "comando Behorburu" de ETA, dedicado a la preparación de vehículos que habían sido previamente robados para convertirlos en coches-bomba y utilizarlos en atentados.

Para ello, Ismael Berasategui y Javier Zabalo constituyeron una empresa denominada "Zipistrin", ubicada en un polígono de la localidad de Villarreal de Urretxu (Guipúzcoa), donde según el fiscal, "bajo una apariencia de normalidad, se dedicaban al lavado y limpieza de vehículos, facilitando la cobertura necesaria para ocultar los coches sustraídos y proceder a la preparación de los mismos, sustituyendo las placas de matrícula y cargándolos con explosivos".

En cuanto a Ainhoa Barbarín, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que se dedicaba, junto con Ismael Berasategui, a trasladar los vehículos ya preparados con su mortal carga a la localidad previamente indicada por ETA para cometer el atentado.

Así, el comando robó un Peugeot 405, le cambió las placas de matrícula, lo cargó con un artefacto explosivo compuesto por 53 kilos de "titadine" y lo aparcó en el aeropuerto de Málaga para que estallara el 26 de julio de 2001.

Sobre las 7 de la mañana del día fijado, un comunicante anónimo advirtió de la colocación del coche-bomba, que pudo ser desactivado por los agentes del Tedax.