La fiscal encargada del caso, Blanca Rodríguez, pide 27 años para Clemente y García, a los que acusa de los delitos de pertenencia a grupo terrorista, atentado, robo con violencia y uso de armas de carácter terrorista.

Según el escrito de calificación de la representante del Ministerio Público, los dos miembros de los Grapo, "en ejecución de un plan preconcebido y minuciosamente planeado", abordaron con una pistola, sobre las 7.10 horas del 4 de junio de 2006, a Luis Fernando Basadre, director de la sucursal de Caixa Galicia situada en la calle Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, cuando éste salía de su casa.

Tras comunicarle que eran de los Grapo y que se trababa de un atraco, García sujetó por detrás al director y le obligaron a dirigirse a la sucursal por calles poco transitadas y sujetándolo en todo momento por el brazo.

Durante el trayecto a la sucursal, los miembros de los Grapo advirtieron al director del banco de que conocían a su mujer y a sus hijos.

Una vez en el interior de la sucursal bancaria, los terroristas ordenaron a Basadre desconectar la alarma y revisaron toda la oficina en busca de las cajas. El director les comunicó que la caja fuerte tenía la apertura retardada fijada para las 8.15 horas y que el interventor era el único que podía abrirla.

Por lo tanto, García y Clemente retuvieron al director hasta que llegó el interventor del banco, sobre las 8.00 horas. Le apuntaron con la pistola y le indicaron que se trataba de un atraco.

Los terroristas llevaron al interventor al fondo de la oficina bancaria, donde se encontraba la caja fuerte. Sobre las 8.15 horas sonó el temporizador y el interventor abrió la caja fuerte.

García y Clemente se apoderaron del dinero de la caja fuerte y posteriormente obligaron al interventor a sacar todo el dinero que había en los cajeros. En total sustrajeron 35.323 euros de la sucursal bancaria.

Antes de huir con el dinero, los acusados introdujeron al director y al interventor junto con una empleada del banco que acababa de llegar en el habitáculo de uno de los cajeros automáticos y les advirtieron de que no debían avisar a la policía hasta pasados 5 ó 10 minutos.

Además de los 27 años de prisión, la fiscal Rodríguez pide que se prohíba a los acusados acudir a Santiago de Compostela durante un periodo de diez años tras cumplir la condena, así como que indemnicen conjuntamente a la sucursal bancaria con 35.323 euros, la misma cantidad que robaron.