La fiscal encargada del caso, Blanca Rodríguez, acusa a Caamaño y Rodríguez de los delitos de estragos, utilización de vehículo a motor sustraído con violencia y falsificación de documentos oficiales.

En base a estos delitos, la representante del Ministerio Público pide 21 años de prisión para Caamaño y 19 para Rodríguez.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Caamaño y Rodríguez pertenecen al grupo radical Asambleia da Mocidade Independentista (AMI), que tiene como objetivo, según el escrito del fiscal, "conseguir la independencia de Galicia" utilizando para ello "medios violentos y empleando armas y explosivos para provocar la alteración del orden constitucional y la paz social".

Ambos acusados, continúa el fiscal, siguiendo las instrucciones del dirigente de AMI Antonio García Matos, huido de la justicia, colocaron el día 23 de julio de 2005 un artefacto explosivo en una sucursal de Caixa Galicia situada en el centro de Santiago de Compostela.

El artefacto explotó sobre las 15.50 horas, causando graves daños materiales en la oficina bancaria, así como en los inmuebles colindantes y en los vehículos estacionados en las proximidades.

Además, la fiscal asegura que la bomba "puso en grave riesgo la integridad física y la vida de las personas", ya que la oficina bancaria se encuentra en el centro de la capital gallega, una zona de gran afluencia de vecinos y turistas.

El artefacto estaba compuesto por una olla que contenía entre cinco y siete kilogramos de una sustancia derivada del perborato potásico. Los peritos determinaron que la bomba tenía "una letal peligrosidad para las personas".

Caamaño fue detenido en las proximidades de la sucursal momentos antes de la explosión, ya que estaba siendo seguido por miembros de la Brigada de Información de la Policía Nacional, quienes le observaron junto a su compañera, "en actitud sospechosa, portando una bolsa y una mochila".

Rodríguez fue detenida una hora después de la explosión cuando se encontraba en la estación de tren de Santiago de Compostela intentado huir. Tras su arresto, ambos presentaron carnés falsos.

Además de la pena de cárcel, la fiscal pide que los acusados indemnicen a Caixa Galicia, así como a los propietarios de las viviendas y de los vehículos afectados por la explosión.