CONSTITUCION UE

LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGA DOS ACCIONES DE "KALE BORROKA" EN GETXO

MADRID
SERVIMEDIA

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará esta semana dos casos de violencia callejera ("kale borroka") en Getxo (Vizcaya), localidad en la que ETA hizo estallar recientemente un coche-bomba, última acción perpetrada por la banda terrorista en el País Vasco.

El primero de los juicios se celebrará mañana, jueves, en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra Orkatz Gallastegui Sodupe, para quien el fiscal pide seis años y un día de prisión por daños terroristas y tenencia de explosivos con carácter terrorista.

El fiscal encargado del caso, Jesús Santos, considera probado que Orkatz Gallastegui, junto con otras personas encapuchadas, procedió, en la noche del 15 de marzo de 2002, a colocar un artefacto explosivo-incendiario en un cajero de "la Caixa" en Getxo.

Para el fiscal, Gallastegui actuó con la finalidad de colaborar con los objetivos y fines de la banda terrorista ETA. El cajero afectado se encuentra en los bajos de un bloque de viviendas de particulares.

En los alrededores del lugar de los hechos se hallaron diversos objetos, como guantes de látex, un jersey y una camiseta de color rojo, "en la cual se han identificado restos genéticos pertenecientes al acusado".

QUEMA DE UN AUTOBUS

El otro juicio se celebrará el viernes en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y será contra Gaizka Gañan Ramiro, para quien el fiscal encargado del caso, Jesús Gordillo, pide 15 años de prisión por incendio terrorista.

Según el fiscal, el 11 de agosto de 2000 el procesado, junto con otras personas no identificadas, todas ellas encapuchadas para no ser reconocidas, lanzó varios artefactos incendiarios en la localidad de Getxo contra un autobús de la línea regular de la empresa "Eusko Trenbideak".

El procesado y sus compañeros, antes de lanzar los artefactos incendiarios, obligaron al conductor del autobús y a los viajeros a abandonar el vehículo.

El fiscal sostiene que, "debido al lugar del incendio existió grave riesgo para las personas que habitaban los edificios colindantes, así como los peatones que a esa hora circulaban por las citadas calles".

Para el Ministerio Público, "la rápida actuación de los bomberos evitó que el fuego se propagase a los edificios cercanos". Los daños causados ascendieron a 214.072 euros.

(SERVIMEDIA)
01 Feb 2005
VBR