En un auto conocido este lunes, Tardón acepta la inhibición del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid para investigar unos hechos tipificados, inicialmente, como delitos de ataques informáticos y contra la seguridad nacional.

El ataque consistió en un acceso ilícito a los servicios informáticos de la CNMC que permitió la filtración masiva de información personal correspondiente a titulares de líneas de telefonía móvil, alcanzando los 2.000 millones de registros, equivalentes a 240 gigabytes de datos de abonados españoles.

La Fiscalía se había opuesto inicialmente a que la Audiencia asumiera el caso, al considerar que la CNMC no podía calificarse como institución del Estado, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para determinar las competencias de este tribunal.

"GRAVE" AFECTACIÓN INSTITUCIONAL

La jueza Tardón argumenta que la CNMC debe considerarse un alto organismo de la nación, destacando que el ciberataque supone "una grave e indudable afectación institucional" en un ámbito "particularmente sensible y relevante" para el funcionamiento del Estado.

La magistrada señala en su resolución que resulta prematuro establecer la finalidad perseguida por los autores del ataque, aunque destaca la importancia de la CNMC en "el control del correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva" en los mercados.

En su auto, la instructora valora la doctrina del Tribunal Supremo para justificar la competencia de la Audiencia en la investigación de estos hechos, dada la relevancia institucional del organismo atacado y la magnitud de los datos comprometidos.

La CNMC custodiaba esta información delicada debido a sus competencias reguladoras en el sector de las telecomunicaciones, lo que convierte el ciberataque en una grave amenaza para la seguridad de los datos personales de millones de usuarios de telefonía móvil en España.