A través de un auto con fecha de 28 de marzo pero hecho público hoy, Grande-Marlaska aceptó admitir a trámite la denuncia presentada por la asociación Dignidad y Justica contra la corporación municipal de Zizurkil por un delito deenaltecimiento del terrorismo y otro de humillación a las víctimas.

Fuentes de la asociación indicaron que las vías públicas que provocaron la denuncia son dos: una calle que lleva el nombre deJoseba Arregi, etarra miembro del "comando Madrid" que murió en 1981 en dependencias policiales, y otra que lleva por nombre José Luis Geresta, terrorista integrado en el "comando Donosti" y acusado de haber participado en el asesinato del edil popular Miguel Ángel Blanco y del político socialista Fernando Múgica.

Geresta fue hallado muerto el 20 de marzo de 1999 en un descampado de Rentería (Guipúzcoa) y presentaba un orificio de bala en la sien derecha.

En esta ocasión, la Fiscalía ha informado al juez de que los hechos denunciados son competencia de la Audiencia Nacional al estar vinculados "con hechos relacionados con el terrorismo, sin perjuicio del resultado final del procedimiento".

Como primer paso para dilucidar si realmente los hechos son competencia de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska ha requerido al Ayuntamiento de Zizurkil para que informe sobre la fechas en las que fueron adoptadas las resoluciones municipales que otorgaron nombres de etarras a varias vías públicas de la localidad.

Además, el magistrado pide al Ayuntamiento que señale qué miembros de la coorporación municipal adoptaron las citadas resoluciones.

ARCHIVO DE OTRAS DENUNCIAS

El pasado martes, el fiscal Pedro Rubira solicitó a Grande-Marlaska el archivo de otra querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia, esta vez contra la alcaldesa de Hernani, Mariam Beitialarrangoitia, por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas.

El origen de esta denuncia es la declaración de hijo predilecto del etarra José Manuel Ariztimuño y la asignación de su nombre a un parque de la localidad, una decisión que fue adoptada por el Ayuntamiento el 24 de marzo de 1982. El etarra Ariztimuño murió en un intercambio de disparos con la Policía que tuvo lugar en Vitoria en 1981.

La Fiscalía indicó en aquella ocasión que "no procede aceptar la competencia para la querella interpuesta, ello sin perjuicio de que puedan acudir a la jurisdicción administrativa competente", que en su caso sería la jurisdicción contencioso-administrativa.