Según informó este martes la Audiencia Nacional, en un auto, el juez José Luis Calama destaca que sobre las 12.30 horas de este lunes "se perdieron" durante cinco segundos 15 GW de la energía, algo que según el Gobierno "no había ocurrido jamás" y que afectó gravemente a servicios esenciales.

El instructor ha ordenado al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación SA que emitan en un plazo máximo de 10 días informes sobre las causas que provocaron esta grave interrupción del suministro eléctrico que comenzó a recuperarse parcialmente a partir de las 16.30 horas.

Calama destaca que las infraestructuras críticas "son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionar a la población" y recuerda que ya en 2016 se produjo un ciberataque similar contra compañías eléctricas ucranianas.

PRECEDENTES Y MARCO LEGAL

El auto hace un extenso repaso del marco normativo europeo y español sobre protección de infraestructuras críticas, recordando que la electricidad está entre los 18 sectores estratégicos identificados que requieren planes especiales de protección.

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 ya advertía del riesgo de que "los grupos terroristas traten de aprovechar las vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques" contra infraestructuras esenciales, pudiendo causar un "colapso en cadena de los servicios básicos".

El magistrado ha encomendado también a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que investigue los hechos y presente un informe preliminar en diez días para determinar si hubo una acción delictiva detrás del apagón masivo.

La investigación se centra en determinar si los hechos podrían constituir un delito de terrorismo según el artículo 573 del Código Penal, que incluye los ciberataques cuando buscan "subvertir el orden constitucional" o "desestabilizar gravemente" el funcionamiento de instituciones o estructuras del Estado.

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

El instructor subraya que la sociedad actual depende cada vez más de "un complejo sistema de infraestructuras interdependientes", lo que puede provocar fallos en cascada como el ocurrido ayer que afecten gravemente a servicios básicos para la población.

La normativa europea define como infraestructura crítica aquellos elementos "esenciales para el mantenimiento de funciones sociales vitales" cuya perturbación "afectaría gravemente" al Estado y su capacidad para mantener servicios fundamentales.

El auto recuerda que la reforma del Código Penal de 2015 introdujo agravantes específicas para los sabotajes informáticos que afecten a infraestructuras críticas o creen "una situación de peligro grave para la seguridad del Estado".

INVESTIGACIÓN EN MARCHA

El juez ha ordenado tres líneas principales de investigación a través de los informes solicitados al Centro Criptológico Nacional, Red Eléctrica y la Policía Nacional para esclarecer las causas exactas del apagón masivo.

Los informes deberán determinar específicamente qué provocó la pérdida súbita de 15 GW de energía durante cinco segundos y si pudo deberse a un ataque intencionado contra los sistemas informáticos que controlan la red eléctrica.

La resolución establece un plazo máximo improrrogable de 10 días para la presentación de estos informes, incluso con carácter preliminar, dada la gravedad de los hechos investigados y su potencial impacto en la seguridad nacional.