En una escueta nota hecha pública pasadas las 21 horas, la Fiscalía General del Estado se limita a indicar que dicha medidas fueron acordadas por el fiscal geneal del Estado, Juan Ortiz Urculo, a propuesta del fiscal inspector, José Antonio Martínez-Zato, y como consecuencia de la inspección ordinaria practicada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre.

El comunicado, que no explica el motivo del traslado de Aranda ni de los expedientes, precisa que "la incoación de los mencionados expedientes no prejuzga ni el resultado final de los mismos, ni implica previa desvalorización personal y profesional de los fiscales afectados".

Fuenes de la Fiscalía General del Estado señalaron a Servimedia que por el momento no se va a facilitar más información sobre los motivos de los expedientes, dado que todavía no han sido comunicados formalmente a los afectados.

Al parecer, el traslado de Aranda, que deberá ser acordado por el Consejo de Ministros a propuesta de Ortiz Urculo, quien deberá oir previamente al Consejo Fiscal y al propio interesado, estaría motivado por el enfrentamiento verbal que mantuvo con un grupo de fiscales de la Audenca Nacional.

Este enfrentamiento fue reconocido por el fiscal jefe en una entrevista publicada el pasado mes de agosto por el diario "El País", en la que afirmó que en la Fiscalía de la Audiencia Nacional existe un grupo de fiscales que "no desaprovechan ocasión para buscar un enfrentamiento" y señaló que actuaban movidos por "motivos personales".

En dicha entrevista, Aranda aseguró que las cabezas visibles de este grupo son Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez, a quienes el fiscal general ha bierto expedientes sancionadores, y agregó que a ellos a veces se les unen Pedro Rubira y Eduardo Fungairiño, asímismo expedientados por la Fiscalía General del Estado.

El fiscal jefe precisó que dicho enfrentamiento se inició tras la presentación por parte de la Fiscalía de la querella por el 'caso Banesto', que Aranda ocultó a los fiscales de la Audiencia Nacional, lo que éstos no acogieron bien.

Por su parte, los expedientes abiertos a la fiscal Márquez y al teniente fiscal Fungairiño, que es l número 2 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras Aranda, están motivados por el ocultamiento de un informe policial sobre el atentado perpetrado por ETA contra José María Aznar en abril de 1995 al instructor de la causa.

En concreto, la inspección practicada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional detectó que la fiscal Márquez, encargada del sumario por el atentado contra Aznar, había ocultado al juez Manuel García-Castellón un informe pericial sobre unas huellas dactilares halladas en los vehíulos utilizados por los terroristas para perpetrar el atentado contra el presidente del Gobierno.

Dicho dictamen, que fue encontrado por la inspección en una carpetilla en la Fiscalía, indicaba que entre las huellas no se encontraban las de Mikel Azurmendi, "Ankas", a quien la fiscal pidió en varias ocasiones procesar por estos hechos.

El expediente contra Fungairiño, experto en extradiciones, se basa, por su parte, en que éste remitió recientemente una carta al fiscal general del Estado en la qu respaldaba la actuación de la fiscal Márquez y señalaba que ésta actuó en el sumario por el atentado contra Aznar siguiendo instrucciones suyas.

Asímismo, el teniente fiscal indicó en su misiva que en los casos en que se solicita a la Policía un informe pericial complementario de otro que ya consta en el sumario, la práctica habitual en la Audiencia Nacional es no adjuntarlo a la causa, sino dejarlo en la Fiscalía, que es donde lo descubrió la Inspección Fiscal.

Por su parte, Pedro Rubira, asigndo al juzgado de Baltasar Garzón, ha sido expedientado por utilizar a alumnos en prácticas para la elaboración de informes sobre causas no concluídas, hecho por el que también, al parecer, el fiscal general del Estado ha decidido abrir expediente a Gordillo, fiscal del juzgado de Javier Gómez de Liaño.

Las conversaciones de Gordillo con el abogado Iñigo Iruín, que representa a las familias de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, antes de que la Audiencia Nacional asumiera la nvestigación también fueron objeto de la inspección.

Con la apertura de estos expedientes y el traslado de Aranda, tan sólo son cuatro los fiscales de la Audiencia Nacional que no han sido sancionados como consecuencia de la inspección practicada por la Fiscalía General del Estado.

Como hace habitualmente muchas tardes, Aranda permaneció hoy en su despacho de la Audiencia Nacional junto con el fiscal Pedro Rubira. Ninguno de los dos quiso hacer declaraciones y el fiscal jefe se limitó a afirmar, isiblemente contrariado, que "no voy a decir nada" cuando abandonó el tribunal pasadas las 19 horas de esta tarde.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto realizar una declaración institucional sobre la situación de la Audiencia Nacional en un pleno extraordinario que celebrará el próximo jueves.

Según informaron a Servimedia fuentes de dicho organismo, el pleno extraordinario, en el que también se estudiarán otros asuntos, fue convocado con anterioridad a que trscendiese los expedientes abiertos contra varios fiscales de la Audiencia Nacional, por lo que, en principio, no estaba previsto que la declaración institucional hiciera referencia a esta cuestión.