Según informaron hoy fuentes judiciales, el tribunal analiza si la actitud de los letrados, que basaron su incomparecencia al juicio en que por la tarde debían asistir a tra vista también por terrorismo, podría ser enmarcada en el artículo 448 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé que los abogados y procuradores que intervengan en los pleitos y causas podrán ser corregidos si incumplen las obligaciones que les impone la ley.

Las citadas fuentes indicaron que la sección segunda de la Sala de lo Penal decidirá en los próximos días si abre un expediente disciplinario a los abogados por estos hechos, con el fin de determinar si su comportamiento es motivo de sación, tal como señala el artículo 449 de dicha ley, que precisa que podrán ser corregidos disciplinariamente "cuando no comparecieren ante el tribunal sin causa justificada una vez citados en forma".

La misma norma precisa que las correcciones que pueden imponerse a los abogados van desde el apercibimiento a una multa máxima de 100.000 pesetas.

Además, según las mismas fuentes, el tribunal, ante el que debía celebrarse dicho jucio, también estudia si deduce testimonio de la actuación de los letraos para remitirlo al juzgado correspondiente por si fuera constitutivo de un reproche penal.

La adopción de estas medidas fue solicitada ayer a la sala por la fiscal del caso, quien también pidió al tribunal que propusiese al Colegio de Abogados la apertura de un expediente disciplinario contra los abogados. Esto fue rechazado por el tribunal recordando que en anteriores ocasiones el Colegio de Abogados no atendió otras peticiones similares.

La actitud de los letrados es calificada por fuentes dela Audiencia Nacional como una maniobra dilatoria, dado que el próximo 29 de enero vence el plazo en que los procesados pueden permanecer en situación de prisión preventiva sin haber sido juzgados, lo que provocaría su excarcelación, tal como ocurrió con el 'comando Matalaz' de ETA.

Sin embargo, el tribunal que los debe juzgar podría acordar descontar de ese plazo de prisión preventiva el tiempo que se emplee para volver a señalar fecha para el juicio si lo atribuye a las maniobras de los abogados, loque iría en perjuicio de sus defendidos.

El juicio que debía celebrarse ayer, en el que la fiscal pide penas de 7 a 20 años para los procesados por colaboración con ETA y tenencia de armas y explosivos, fue fijado por primera vez el pasado 16 de octubre, aunque no llegó a celebrarse tampoco por la incomparecencia de los abogados de HB Kepa Landa, Jone Goicelaya, Iñaki Goyoaga y Arantxa Zulueta.