Según pubica en su último número "La Razón", revista de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el juzgado había declarado insolvente al sacerdote, que debía pagar una multa de 250.000 pestas y los costos del proceso, según constaba en la sentencia.

Sin embargo la AVT, que ejerció la acusación particular en la causa en nombre de las víctimas del atentado de Santander perpetrado por los dos terroristas cobijados por el sacerdote, recurrió al declaración de insolvencia y pidió al juzgado que solicitara al Oispado de San Sebastián un certificado del sueldo del arcipreste, que asciende a 79.527 pesetas al mes.

La Audiencia Nacional ordenó entonces al Obispado la retención de una parte del sueldo del sacerdote, que excede del sueldo mínimo interprofesional de 56.280 pesetas. El resto, 23.247 pesetas, son remitidas desde entonces al tribunal hasta que salde la deuda de medio millón de pesetas.

José Ramón Treviño permanece encarcelado desde febrero de 1992, fecha en la que fue detenido por alojar en lasdependencias de su parroquia del Santo Cristo de Artigas de Irún, a Ignacio Rekarte y Luis Angel Galarza, días después de que ambos llevaran a cabo un atentado con coche-bomba en Santander, en el que murieron tres personas.

Treviño fue considerado en julio de 1992 responsable de un delito de colaboración con banda armada, aunque con la eximente de conflicto de deberes, ya que el sacerdote adujo razones humanitarias para justificar su actitud.