El fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, pidió durante la vista oral cinco años de prisión para el principal acusado, el general Vicente Navarro, y cuatro años y medio de cárcel para sus dos subalternos, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez. Los familiares de las víctimas pidieron penas de entre tres y seis años de cárcel.

Los tres militares están acusados de un delito continuado de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron a 30 víctimas del accidente aéreo filiaciones que no eran las suyas.

Navarro, Ramírez y Sáez fueron los militares que integraron el equipo médico enviado por el Ministerio de Defensa para llevar cabo la identificación y la repatriación de los cadáveres del accidente aéreo.

El representante de la Fiscalía solicita además para el general Navarro una multa de 30.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de cinco años, mientras que para Ramírez y Sáez pide multa de 24.000 euros e inhabilitación de cuatro años.

El tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez y compuesto además por Nicolás Poveda y Manuela Fernández, trasladará la sentencia a los tres acusados hoy a las 13.30 horas, mientras que el resto de las partes han sido citadas a las 14.00 horas.

Se da la circunstancia de que la resolución del tribunal, que supondrá la primera sentencia penal por el Yak-42, se conocerá justo una semana antes de que se conmemore el sexto aniversario del accidente aéreo.

La vista oral comenzó el pasado 24 de marzo y se desarrolló durante nueve sesiones, en las que intervinieron un total de 21 testigos.

INDEMNIZACIONES

Los errores en la identificación de los cadáveres del accidente aéreo provocaron que fueran entregados a muchos de los familiares de las víctimas restos que no eran los de sus seres queridos. Esto tuvo como consecuencia que se enterrara o incinerara a personas que no eran los familiares que se creía.

El fiscal Burgos señaló durante la vista oral que esta circunstancia provocó un "gran daño moral" a los familiares de las víctimas, por lo que pidió que los tres acusados indemnicen con 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los 30 fallecidos que fueron erróneamente identificados.

Ante la indemnización solicitada, que en total alcanzará una suma astronómica, el fiscal solicitó que se considere al Estado responsable civil subsidiario por los errores en la identificación de cadáveres cometidos por los tres militares.

El accidente del Yak-42 tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) y en él murieron 62 militares españoles que regresaban a España tras cuatro meses y medio destinados en Afganistán, así como doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Fue la mayor tragedia militar de la historia de España en tiempos de paz.