El Alto Tribunal ha estimado la alegación del abogado de "Josu Ternera", quien sostenía que su cliente había sido juzgado por el "caso Sokoa" en Francia, donde el Tribunal de Grand Instance de París le condenó a 10 años de prisión por participación en asociación de malhechores con carácter terrorista y posesión prohibida de municición o de arma de rimera categoría, entre otros delitos.

Para el Supremo, los delitos de asociación de malhechores y posesión prohibida de armas por los que fue juzgado en Francia son equiparables a los de integración en banda terrorista, depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos que se le imputaba en España.

Además, el Alto Tribunal recuerda que la sentencia francesa se basó fundamentalmente en los datos surgidos tras el desmantelamiento de la cooperativa Sokoa, ubicada en Hendaya (Francia), donde fuern hallados un arsenal de armas de ETA y abundante documentación de la banda terrorista.

"Este Alto Tribunal no tiene la menor duda de que el enjuiciamiento pretendido por el Ministerio Fiscal de dicho acusado por integración con banda terrorista en la condición de promotor o director, implicaría un 'bis in idem'", dice el Supremo.

Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron hoy que el "caso Sokoa" era la única causa que "Josu Ternera" tenía pendiente con la justicia española, por lo que, al estabecer el Supremo que es cosa juzgada, ha saldado sus cuentas con los tribunales y quedará en libertad inmediata.

El resto de los acusados, el miembro de ETA Eugenio Etxebeste, alias "Antxon"; José Ignacio Aracama Mendía, alias "Makario", y el "arrepentido" Juan Manuel Soares Gamboa, serán juzgados por la Audiencia Nacional. El caso fue a parar al Tribunal Supremo porque "Josu Ternera" es diputado de EH.

De esta manera, el Supremo resuelve la alegación presentada por "Josu Ternera" y remite el rest de la causa a la Audiencia Nacional, dado que, al no ser aforados, el Alto Tribunal deja de ser competente para estudiar la causa.

Las alegaciones se presentan antes de la celebración del juicio oral y hacen referencia a la posible vulneración de los derechos fundamentales de los procesados, así como a los aspectos técnicos irregulares que hubieran podido producirse durante la tramitación de la causa.

"Antxon" y "Makario" argumentan que en el momento de los hechos por los que se les quiere juzga estaba en vigor la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial, que no recogía la competencia de los tribunales para juzgar a ciudadanos españoles por los delitos que hubiesen cometido en el exterior.

Sin embargo, en su escrito de conclusiones provisionales, la fiscal del "caso Sokoa" en el Tribunal Supremo, Carmela Madrigal, argumenta que los hechos por los que están procesados "Antxon" y "Makario" tuvieron lugar en fechas anteriores a 1986 y en ese año, cuando ya estaba en vigor la actual Ley Orgánicadel Poder Judicial.

El artículo 23.2 de esta ley establece que la jurisdicción de nuestro país "conocerá de los hechos previstos en la leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio español, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles".

La fiscal del "caso Sokoa" y la Asociación Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acción popular, pide otros 10 para "Antxon", 7 para "Makario" y 2 para Juan Manuel Soares Gamboa.