Los magistrados tienen que decidir si admiten o no las cuestiones previas que las distintas partes presentaron ante el tribunal los pasados 23 y 24 de noviembre.

Las cuestiones previas tienen un carácter incidental y deben decidirse antes de pasar al examen del asunto principal, es decir, que de ellas depende que el juicio contra Botín continúe o que el caso se archive.

Al inicio de la vista, el Ministerio Público, representado por el fiscal Vicente González Mota, defendió que no se puede celebrar juicio contra Botín y el resto de los acusados porque, a su modo de ver, se ha vulnerado su derecho a un juicio justo y con todas las garantías.

González Mota explicó que, según la ley, sólo se puede celebrar juicio oral contra un acusado cuando el fiscal y la acusación particular, es decir, los perjudicados, así lo solicitan, lo que no ha ocurrido en este caso.

El fiscal hizo hincapié en que en este caso quien ha formulado acusación ha sido la acción popular, ejercida por Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), que no es ni el Ministerio Púbico ni la acusación particular.

El abogado de Emilio Botín se adhirió a la tesis del fiscal, que calificó de "argumentos irrefutables", y afirmó que en este caso se ha vulnerado el principio acusatorio.

Asimismo, denunció que se haya abierto juicio a petición de la acción popular, ejercida por ADIC, cuando ni el fiscal ni los perjudicados lo habían pedido.

En el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, Emilio Botín y varios antiguos directivos del banco Santander, como Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, acusados de presuntos delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública.

ADIC solicita que Botín, Echenique, Uclés y Alonso sean condenados a 180 años de prisión y multa de 46.266.233,92 euros cada uno, al considerarles cooperadores necesarios de más de 30 delitos contra la Hacienda Pública.