La denucia contra los militares guatemaltecos por ordenar más de 23.000 ejecuciones, entre ellas las de varios ciudadanos españoles, fue admitida a trámite el pasado 27 de marzo por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco. El fiscal, Pedro Rubira, se opuso.

Entre los casos denunciados, Rigoberta Menchú menciona el asalto a la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, en el que murieron 39 personas y cuyo único superviviente fue eldiplomático Máximo Cajal. Asimismo, citó el asesinato de su familia, razón por la que se presenta como acusación particular.

El fiscal sostiene que los delitos denunciados por Menchú fueron cometidos fuera del territorio español por personas extranjeras y que el hecho de que muriesen varios españoles en el asalto a la Embajada de España en Guatemala no implica que los jueces españoles sean competentes para investigar el caso.