Según consta en la sentencia, a la que tuvo acceso Servimedia,los hechos se produjeron en 1997 en el Hospital Provincial de Badajoz, donde se le diagnosticó al demandante un quiste hidático pelviano del que debía ser operado. Según consta en la sentencia, el paciente "dio su consentimiento oral para esta intervención, dado que en ese momento no existía protocolo en el hospital para consentimiento informado escrito".

La sentencia destaca además que "el paciente había rechazado en otras ocasiones y en otros hospitales ser intervenido de esta patología, aceptando e este caso de buen grado la propuesta que se le hizo de intervención".

Para los magistrados autores de la sentencia, "la falta de estricto cumplimiento de lo pautado legalmente en materia de consentimiento informado carece de relevancia desde la perspectiva de la acción de responsabilidad que se ejercita, puesto que de lo actuado se desprende que el paciente consintió verbalmente la intervención y que, en cambio, había rechazado anteriormente ser intervenido".

Tras la intervención se analizó el qiste extirpado, que resultó ser un neurilemoma, un tumor del tejido nervioso, que en caso de haber evolucionado hubiera ido lesionando las estructuras vecinas vasculares, neurológicas, urinarias y digestivas.

Casi siete meses después, el paciente acudió al Servicio de Rehabilitación del Hospital Regional Universitario de Badajoz, debido a que su pie izquierdo presentaba una paresia, es decir, una parálisis leve que consiste en la debilidad de las contracciones musculares.

Los médicos aseguraron a paciente y demandante que las secuelas postoperatorias, es decir, la paresia, eran las esperables, teniendo en cuenta el tipo de tumor y su localización.

ERROR DE DIAGNOSTICO

El demandante acudió a los tribunales, al considerar que había habido un error de diagnóstico, dado que se le intervino de un quiste que en realidad era un tumor, y que se había empleado una técnica quirúrgica incorrecta que le provocó un "daño desproporcionado".

Sin embargo, los magistrados sostienen que, según los infores periciales y las declaraciones testificales, "el resultado del tratamiento puede calificarse de excelente" y que "las actuaciones médicas han estado en todo momento dentro de las normas de la buena práctica". En este sentido, destacan que "la no extirpación quirúrgica de la tumoración hubiera supuesto en un corto espacio de tiempo una lesión neurológica más grave".

Para la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en este caso no se dan ninguno de los requsitos para atribuir al Insalud un resultado dañoso susceptible de indemnización. Concluye que la lesión del demandante no fue fruto de un mal funcionamiento de los servicios públicos de salud, sino consecuencia del propio tumor que padecía.