Los magistrados consideran que la suspensión, decretada por el subsecretario de Defensa el pasado 4 de agosto, es una medida cautelar que se adoptó conforme a derecho. De esta manera, la Audiencia Nacional rechaza el recurso planteado por los citados agentes contra la decisión de Defensa.

"Nos hallamos ante una medida de naturaleza cautelar y que atiende al buen régimen interno de la Guardia Civil", dice la sentencia, que añade además que "la resolución se ha adoptado siguiendo el procedimiento legalmente establecido".

A juicio del tribunal, con la suspensión cautelar, "no se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia ni es contraria al principio de proporcionalidad, pues no nos hallamos ante una resolución disciplinaria". Para la Audiencia Nacional, la suspensión cautelar tenía razón de ser. "Los hechos consistentes en el fallecimiento de una persona que había acudido al cuartel de Roquetas son objetivamente graves", dice la sentencia. "Además, tuvieron una gran difusión en todos los medios de comunicación, que provocó una importante alarma social. Con ello se produjo un descrédito para las Fuerzas de Seguridad y una desconfianza de la ciudadanía que habían de ser atajados de forma rápida".

Los magistrados recuerdan que la suspensión cautelar se puede adoptar, según la ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil, entre otras razones, cuando se haya incoado un expediente gubernativo contra un agente de la benemérita.

Así, recalcan que la medida se adopta por la "mera existencia" del expediente gubernativo "y sin que se funde en presupuesto alguno de culpabilidad".

Estos ocho guardias civiles más otro que es alumno fueron investigados por la detención y muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano, ocurrida en el cuartel de Roquetas de Mar (Almería) el 24 de julio de 2005.

El pasado 7 de febrero, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar, Estefanía López, procesó a los nueve por presuntos delitos de lesiones y trato degradante.