Los magistrados consideran que la suspensión, decretada por el subsecretario de Defensa el pasado 4 de agosto, es una medida cautelar que se decretó conforme a derecho. De esta manera, la Audiencia Nacional rechaza el recurso planteado por los citados agentes contra la decisión de Defensa.

Para la Audiencia Nacional, "los hechos consistentes en el fallecimiento de una persona que había acudido al cuartel de Roquetas son objetivamente graves. Además, tuvieron una gran difusión en todos los medios de comunicación, que provocó una importante alarma social. Con ello se produjo un descrédito para las Fuerzas de Seguridad y una desconfianza de la ciudadanía que habían de ser atajados de forma rápida".

Estos guardias civiles fueron investigados por la detención y muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano, ocurrida en el cuartel de Roquetas de Mar (Almería) el 24 de julio de 2005.

El pasado 7 de febrero, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar, Estefanía López, les procesó por presuntos delitos de lesiones y trato degradante.

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